Los vecinos están comprobando que el gasto final ronda los 70.000 euros y se niegan a avanzar
Los vecinos de las parcelaciones cordobesas que han iniciado su proceso de legalización al amparo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003 han visto «las orejas al lobo» y están optando por paralizar las juntas de compensación ante el coste que supone todo el proceso de urbanización, según ha apuntado a este periódico la Federación Córdoba Extrarradio.
Y es que, a pesar de que se han dado pasos para abaratar el proceso -así, por ejemplo, la obra propiamente dicha hasta en un 50 por ciento, merced a la llamada urbanización blanda-, «se han incrementado los costes en otras cuestiones». Y con ello, al final, un parcelista tendrá que pagar alrededor de 70.000 euros por cada 1.000 metros cuadrados y contando con que hay 150 metros de casa edificada, según apuntó el presidente de esa Federación, Jorge Salvo.
Este colectivo representa a todas las parcelaciones que hay en el entorno de la Carrera del Caballo, lo que supone unas 700 viviendas con una población cercana a las 30.000 personas. Entre esas parcelaciones están barquera, Barquera Norte, El Marroquí, La Gorgoja, Alamiyo, Alcolea, El Sol, Doña Manuela, La Colina, Torreblanca, Torreblanca Norte, Los Esquiveles, Las Corralitas o Peña Tejada, y ahora «estamos en proceso de unirnos con la Federación de Parcelaciones Cordobesas (Fepacor), que preside Manuel Bodoque, y que cuentan con casi 2.000 viviendas agrupadas», apuntó, por su parte, el secretario de Córdoba Extrarradio, Juan Ascanio, para dar una idea aproximada del conjunto que representan.
Pues bien, según Jorge Salvo, de todas las juntas de compensación creadas en Córdoba y con registro notarial, salvo cinco o seis, el resto han frenado el proceso justo antes de registrarse en Entidades Urbanísticas de la Junta, es decir antes de pasar a ser una entidad jurídica con capacidad de actuación urbanística. La razón no es otra que el hecho de que cada vez «son más los que están entendiendo qué les va a suponer para sus bolsillos legalizar las parcelaciones según la LOUA», apuntó el presidente.
Y es que ese coste de urbanización final implica no sólo lo que vale ejecutar las obras (que dependerá de lo que cada junta quiera hacer en su zona), sino también el 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento, más el exceso de vivienda, más las tasas, «las tres o cuatro veces que hay que registrar papeles en la notaría», los informes técnicos individualizados, el pago del aval del 7 por ciento, volver a conectarse a la luz, el agua y el alcantarillado, y «muy probablemente también el IVA actual del valor de la casa», incidió Jorge Salvo.
Por partes, del 10% de aprovechamiento se está hablando mucho de que se va a quedar entre los 150 y los 160 euros por metros como si fuera de VPO y que incluso se va a poder pagar un 40% de golpe y el resto entre cinco y seis años. «Pero ése no es el problema real, porque a cambio suben el exceso de vivienda edificada, que en algunos casos es excesivo porque hace 40 años nadie nos dijo que había que edificar el 0,15% y los hay con casas muy grandes», concretó el presidente.
En tasas, sin ir más lejos, las 80 viviendas que corresponden a Torreblanca «llegamos a pagar unos 130.000 euros», explicó Juan Ascanio, que pertenece a ese plan parcial, mientras que el informe técnico individualizado «no baja de los 7.000 euros por parcela». A esto se le añade el riesgo «muy real» de que los técnicos acaben realizando una valoración desfavorable y haya casas que se queden descolgadas y el resto de la junta de compensación tenga que asumir su parte del gasto.
«En la parte de la Sierra la mayoría, si no todas, las viviendas están bien ejecutadas y tendrían un informe técnico favorable, pero hemos detectados bastantes parcelas en la zona llana donde las viviendas no pasarían ese examen, porque apenas cuentan, por ejemplo, con pilares suficientes para sostener la edificación», abundó Juan Ascanio. Y eso es un grave problema y todo un lastre para el resto de los que conforman la junta.
Una junta de compensación, a efectos prácticos, supone la escrituración única de un grupo de viviendas que forman parte de una urbanización para llegar a un proyecto de parcelación. «Eso implica que para pagar todo se pide un préstamo mancomunado, pero si al final hay 20 vecinos que no pueden abonar su parte, el resto de la junta tiene que asumirla, y si hay gente que por ese incremento no puede pagar su parte más la de otro, también de ja de pagar y así ocurre hasta que el proceso es inviable», explicó Salvo. Por este motivo, «la gran mayoría de las juntas de compensación están paralizadas a día de hoy».
Para Córdoba Extrarradio, la solución está en que no se aplique la LOUA, «algo que ya se hizo con el Veredón de los Frailes», según Salvo, y que las administraciones lleguen a arreglos con los vecinos para contar con los servicios de agua y alcantarillado y que éstos puedan asumir el coste de las obras. «Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los que están en las parcelaciones están en paro o son jubilados en un 60%, y dinero no tienen o no van a conseguir préstamos», abundó.
J.C.M. / ABC
Página Web – 2014/08/06
Fuente: http://sevilla.abc.es