Sanciones por caso Space no favorecen a los damnificados (COLOMBIA)

Una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado es el último recurso que les queda a Jorge de Jesús Aristizábal, Édgar Mauricio Ardila, Pablo Villegas Mesa, María Cecilia Posada y Bernardo Antonio Vieco, cinco de los ingenieros investigados por el desplome del edificio Space, quienes fueron sancionados ayer por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -Copnia- con impedimentos para ejercer la profesión.

Los más afectados con la decisión del ente nacional son Aristizábal Ochoa y Ardila Vélez, diseñador y revisor estructural del proyecto respectivamente, a quienes les fue cancelada la matrícula profesional de por vida.

“Nunca más podrán ejercer la ingeniería desde ningún ámbito de esta profesión”, explicó a EL COLOMBIANO el director general de Copnia, Rubén Darío Ochoa Arbeláez.

En los casos de Pablo Villegas y María Posada, que figuran como responsables de la construcción del edificio Space, las matrículas profesionales les fueron suspendidas por 22 y 20 meses, respectivamente, mientras que a Bernardo Vieco, encargado del estudio de suelos, el castigo le rige por seis meses. Las sanciones empiezan a contar luego de la notificación.

“Esta sanción es de carácter ético y disciplinario y no tiene implicaciones de índole penal ni administrativo”, aclaró el director de Copnia.

No sirve de nada

Las familias afectadas por esta tragedia no celebran la decisión ni sienten que les favorezca para ser indemnizadas.

Alejandro Rivas, médico, dice que es una acción tardía e irrisoria: “Es una sanción que se da tres años después, cuando ellos han seguido construyendo y moviendo su dinero, mientras 40 familias que perdimos todo seguimos esperando que nos respondan”, subrayó Rivas.

Carlos Ruiz, que también perdió su apartamento con el desplome de Space, expone que “a Villegas le imponen una sanción de 22 meses, pero lleva siete años actuando mal, construyendo edificios que deben tener problemas similares al de Space”.

Recordó que las 40 familias dependen de la venta del lote del complejo Space para pagarles sus apartamentos, pero este está avaluado en $10.000 millones y, tras dos años de intentos, no se ha podido vender: “terminarán vendiéndolo por un precio irrisorio y no va a alcanzar para pagarnos a todos”, señaló y concluyó que las sanciones del Copnia no tendrán ya ninguna incidencia en su lucha.

“Yo no solo perdí mi apartamento (avaluado en más de $300 millones) sino que llevo dos años pagando $2 millones de arriendo y es la misma situación de todas las familias afectadas”, subrayó.

El abogado constitucionalista Andrés Úsuga, catedrático de la UPB, explica que ante las decisiones del Copnia, por ser actos administrativos que afectan a personas jurídicas o naturales que ya interpusieron recursos de reposición y apelación ante la misma instancia sin haber sido revertida la situación, queda como instancia la Sección Primera del Consejo de Estado, para el recurso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

“Lo que diga el Consejo de Estado sería última instancia, pero hay una segunda instancia, que es la Sala Plena, y hay casos en los que se acude luego a la tutela”, explicó.

Incluso, si se interpone la nulidad se podría pedir la medida cautelar, que suspende los efectos de la sanción del Copnia mientras se falla y, si les es concedida, los ingenieros podrían seguir ejerciendo mientras se emite el fallo definitivo.

Intentamos comunicarnos con los ingenieros Pablo Villegas y Jorge Aristizábal pero no respondieron sus celulares.

En definitiva

Aunque hubo sanciones de tipo ético y profesional para los ingenieros responsables de la construcción de Space, las familias sienten que este hecho no tiene mayor incidencia en su lucha.

Anécdota

Curador urbano, otro sancionado

El pasado 14 de febrero, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos al Curador Urbano Segundo de Medellín, Carlos Alberto Ruiz Arango, por haber incurrido en omisión en la revisión del proyecto del edificio Space, al considerar que el funcionario “no adelantó sus labores de verificación y control para la expedición de la licencia solicitada por la constructora Lérida CDO S.A.”.

Como se recuerda, el desplome de la torre 6, el 12 de octubre de 2013, dejó un saldo de 12 víctimas fatales. Un día antes, Aristizábal había dicho que el edificio era seguro y tenía bases firmes.