La puja viene desde el 2017. Hoy Unesco da un plazo de dos años para demolerla.
Como una burla a la justicia, una muestra de la incompetencia de los funcionarios públicos, pero sobre todo como una amenaza al patrimonio de los colombianos, desde hace más de dos años la torre uno del polémico proyecto ‘Aquarela’ en Cartagena se erige gris frente a la mirada de locales y turistas.
Tuvo que ser una visita sorpresa de la firma de expertos arquitectos de Icomos (el ojo vigilante del patrimonio de la Unesco en el mundo) en el año 2017 el que alertó sobre la amenaza del proyecto que propone la construcción de 5 torres de 32 pisos cada una, a una cuadra del Castillo de San Felipe de barajas, uno de los referentes de la declaratoria como patrimonio de la humanidad que Cartagena recibió en el año de 1984.
A partir de entonces llovieron una serie de procesos jurídicos y disciplinarios que ya tumbaron un curador urbano pero que no logran tumbar la grotesca torre de Aquarela.
Estos son los procesos que se le siguen al cuestionado proyecto al que la Unesco da un plazo de dos años para que sea demolido de lo contrario Cartagena entraría en la lista de ciudades que podrían perder su declaratoria patrimonial.
El 6 de diciembre del año 2017 un juez instauró medidas cautelares y frenó la obra que ya tiene una torre en pie, de las 5 que establece el proyecto. La obra fue sellada y desde entonces está prohibido cualquier tipo de intervención.
El Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena elevaron una acción popular por afectaciones a un bien cultural, teniendo en cuenta que la obra cuestionada se levanta a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas.
Un año después, una juez ordenó a las partes un ‘pacto de cumplimiento’. Allí, los constructores de ‘Aquarela’ plantearon bajar el nivel de las torres a 20 pisos, pero la propuesta fue rechazada por el Ministerio de Cultura.
El proceso penal
En el escándalo por uno de los mayores desaciertos en el urbanismo de la ciudad, también hay un proceso penal instaurado por la Fiscalía contra el representante legal de la promotora Calle 47 S.A.S, constructora de la obra, Lucas Tamayo Giraldo; y el arquitecto Claudio Restrepo Gutiérrez.
También le adelanta un proceso la Fiscalía al excurador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas, quien autorizó las licencias de construcción para las 5 torres obviando el Plan de ordenamiento territorial, POT, que para el barrio Torices, dónde se levanta ‘Aquarela', autoriza construcciones de máximo 6 pisos.
Llamas además fue destituido por la Procuraduría, por otro caso.
En el caso de Lucas Tamayo Giraldo; y el arquitecto Claudio Restrepo Gutiérrez, en Junio de 2018 un juez determino que no había inferencia razonable para imputarles delitos como urbanización ilegal y fueron dejados en libertad. No obstante, en 2019 la Fiscalía reabrió el caso, y la audiencia preparatoria, para estas dos personas, se tiene programada para los días 25 y 26 de noviembre próximos.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación elevó una Acción de Nulidad contra las licencias, pero pasados más de un año la justicia colombiana aún no llama a audiencia para la apertura del caso.
El Distrito de Cartagena elevó un proceso policivo contra la obra luego de que determinara que el proyecto invadió 619 metros del espacio público.
Sin embargo, y en un hecho macondiano, para poder dar cumplimiento a la restitución de la mayoría del espacio público, la intervención no sería horizontal sino vertical, de tal manera que la torre prácticamente tendría que ser derribada.
Pero gracias a que los jueces mantienen activa la medida cautelar, la obra sigue sellada y se impide la intervención por parte de los constructores, de la alcaldía o de cualquier otro actor.
Expertos urbanistas consultados por EL TIEMPO dan cuenta de que la falta de actualización del POT y de un Plan Especial de Manejo Y Protección del Centro Histórico, PEMP, que no se desempolvaba desde el año 1994, y que apenas este año hizo algunas breves autorizaciones, facilitaron que ‘Aquarela’ obtuviera las licencias.
Hoy, pese a avalancha de demandas y procesos, las torres siguen con sus licencias vigentes y todos los permisos y documentos en regla, y los constructores declaran la legalidad de su proyecto.
Además, hay 978 propietarios de apartamentos que compraron de buena fe, pero que no alcanzaron el sueño de una vivienda digna cerca al centro histórico.
Los constructores amenazan con una millonaria demanda al estado.
John Montaño / El Tiempo
Página Web - 2019/07/03
Fuente: https://www.eltiempo.com/