“A uno como pobre todo le sirve. Yo no sé pegar un ladrillo o una teja y, regalado, se recibe hasta un pellizco”.
Con esa expresión, el 25 de septiembre de 2015 Jesús Helibert Giraldo pretendió justificar lo que no tiene presentación: su esposa, María de Jesús Sepúlveda Castrillón, es beneficiaria de uno de los 183 mejoramientos de vivienda que el municipio de Guarne contrató por 1.200 millones de pesos con la Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño (Masora). Todo salió mal. La casa de tapia amenazaba ruina, por el estado de sus cimientos y paredes. Pese a ello, el subsidio se aplicó al arreglo del techo, pero lo hicieron de manera tan antitécnica y con materiales tan regulares, que tuvieron que derribarlo.
En promedio, en cada mejoramiento de vivienda se irían 6,5 millones de pesos, una suma que Ricardo Restrepo Sánchez no ve reflejada en la casa de Jesús y María ni en otras 13 que ha visitado. Él es concejal de Guarne y ha ido a los mismos depósitos de materiales en que Masora compra tejas, alfardas, fieltros y tablillas que luego les entrega a los beneficiarios. Eso le permite estimar que en este mejoramiento, situado en la vereda San Isidro, la inversión municipal no llega a 3 millones de pesos.
El contrato interadministrativo 111, del 13 de noviembre de 2013 y plazo inicial de 7 meses, no es de suministro de materiales, sino de obra. Y la mayor, a la que se obligó Masora, es la “construcción cubierta en teja de barro sobre estructura de madera y tablilla”. Esos son techos y en 9.533 metros cuadrados se van 953 millones 300.000 pesos, o sea 100.000 pesos por metro cuadrado.
Pero Masora no pega ni un clavo. A don Jesús le llevó los materiales y un vecino les pagó a los trabajadores para que le pusieran el techo, a un costo que el campesino estima en 2,6 millones de pesos. “Esta es una caridad que nos hicieron mal hecha”, dijo María de Jesús, la esposa, sentada en una silla de ruedas bajo el rancho, con techo de plástico negro, que también los vecinos le ayudaron a armar para que se protegieran mientras les arreglan su casa.
Miguel Uribe Uribe, supervisor del contrato por parte de Guarne, reconoció el 29 de septiembre la mala calidad de las obras y dijo que Masora tendría que hacer las cosas bien y que lo haría con cargo a su bolsillo. “Mientras el municipio no reciba, no se pierde un peso”, anotó. Por su parte, el ingeniero civil Rodrigo Ochoa Espinosa, primo tercero del alcalde de Guarne, confirmó que los materiales entregados por Masora a Jesús y María eran de pésima calidad y que era un riesgo habitar la vivienda “mejorada”. Por ello, el concejal Restrepo solicitó una visita del Cuerpo de Bomberos.
Así se hizo y el subcomandante Wilber Gustavo Ruiz Díaz reconoció que desde 2013 el municipio sabía del problema de la vivienda. El ingeniero Álvaro Buriticá Sepúlveda, en visita oficial del 2 de octubre de 2015, certificó que “el muro intermedio no soporta cargas verticales, se debe adecuar para soportar una viga longitudinal y así se da más consistencia al techo”. Recomendó “precintar las fundaciones perimetral o (zarpas)”, “Desmontar la cubierta y hacer los correctivos para su buen funcionamiento”. En su opinión, “a pesar de lo construido de forma antitécnica, no presenta riesgo inminente para sus habitantes”.
Otra cosa opinó el 16 de octubre don Uriel Díaz, el maestro de obra contratado por Masora para desarmar y armar de nuevo el techo de la vivienda de Jesús y María, pagándole, según dijo, a razón de 27.000 pesos por metro cuadrado. El oficial manifestó que para 14 de octubre -día de un sismo de 5,4 grados- ya había desmontado el techo y reparado los muros y zarpas. De no ser por eso, aseguró, la casa de tapia se habría venido al piso.
Resulta por lo menos extraño que Masora no pague toda la mano de obra de los mejoramientos, pero sí la factura de los remiendos. El propio supervisor del contrato 111 afirmó que “a mí se me sale del resorte el ver cómo Masora y el beneficiario cuadran lo de la mano de obra”.
Pero, de acuerdo con el contrato, nada tendrían que cuadrar. Para el abogado Rafael Alzate Vargas, “es a todas luces ilegal” que Masora suministre materiales, cuando su obligación es la construcción de obra a todo costo. Igual opina Hemel Herney Marín Marín, ingeniero civil y tecnólogo en construcciones civiles, quien estableció en este negocio un presunto sobrecosto de 394 millones 518.903 pesos. A ese valor, sin embargo, habría que sumarle el costo de la mano de obra que se estaría ahorrando Masora. De acuerdo con el cálculo de Marín Marín, ese ítem se lleva 159 millones 653.760 pesos. De esta última suma se descuentan los 20 millones 500.000 pesos que la propia Masora dijo haberles entregado a beneficiarios, como auxilio de mano de obra. Así las cosas, el presunto sobrecosto en el contrato interadministrativo 111 sería de 534 millones 172.663 pesos.
El abogado Alzate Vargas conceptuó que no ve claro el auxilio de 500.000 pesos, “ya que esto no exime de responsabilidad alguna al contratante para la ejecución de los mejoramientos de vivienda a todo costo”.
¿Y los materiales?
Para el concejal Restrepo, ahí radicaría otra fuente de presunto detrimento patrimonial, dada la regular y mala calidad de los bienes entregados por Masora.
El Colombiano lo constató en visitas a seis beneficiarios, en algunas de las cuales estuvo acompañado de ingenieros y constructores que día a día hacen este tipo de obras.
A Jesús Alfredo Isaza Ochoa, agricultor de la vereda Guapante Alto, lo visitó en 2011 en su casa el entonces candidato a la alcaldía de Guarne, Luis Eduardo Ochoa Londoño. Para una reunión proselitista le prestó su hogar, que está rodeado de cultivos de fríjol, alverjas, mora, tomates y fresas. A mediados de 2012 su amigo volvió, ya como alcalde, con Miguel Uribe Uribe. Le midieron el techo y dio 100 metros cuadrados. Eso no preocupó al mandatario, que prometió que le iba a ampliar en un metro el corredor de la casa. El miércoles 7 de octubre de 2015 no le habían cumplido.
Su techo seguía malo y el de algunas habitaciones lucía parches de plástico por los que entraba el sol. En diciembre de 2014 le llevaron 1.000 tejas, 3 cargueras de chanú, rajadas y sin cepillar, 93 alfardas de chanú, 3 soleras de 4 metros y 7 rollos de tela asfáltica. ¿Y la tablilla? No alcanzó, le dijeron de la Alcaldía, donde le propusieron que renunciara al auxilio de 500.000 pesos para la mano de obra y que se los daban en tablilla. Aceptó, pero ni eso le habían cumplido.
Consultado sobre los ofrecimientos que le hizo a Jesús Alfredo, el alcalde dijo que sí lo conoce, pero que tales promesas son las que están en el plan de desarrollo y sus cinco líneas estratégicas.
El concejal Restrepo, que se sabe de memoria el precio de los materiales, calculó que el paquete entregado a este campesino vale 3,6 millones de pesos, sin la tablilla. Jesús Alfredo tenía el material en el suelo y no había podido mejorar la casa por falta de dinero para pagar el oficial.
Igual le pasaba a Magaly Ester Ochoa Ochoa. Ella dijo que no trabajaba, tiene cinco hijos y sobrevive por la ayuda que le da su hermana Luz Edilda. Desde hacía dos años esperaba el mejoramiento. El techo de su cocina estaba a punto de caerse y el de una de sus dos habitaciones se desmoronaba semana tras semana. Carecía de baño y pozo séptico, por lo que ella y sus hijos, de 2, 7 9 y 12 años, hacían sus necesidades en el monte.
El 7 de octubre, ella contó que más de cinco veces fue a reclamar el material hasta que, por fin, le dieron 78 alfardas, 98 metros de tablilla y 5 rollos de tela asfáltica. No recibió tejas porque, según le dijeron, no había alcanzado el dinero, ya que por vivienda eran 3,5 millones de pesos. “Eso se va a quedar entonces así, porque no tengo con qué comprar la teja y pagar el oficial”, le dijo Magaly al supervisor del municipio. Ella recordó que el alcalde estuvo hace más de dos meses en su casa. Le preguntó por qué no había armado el techo y ella le dijo a su tío, Luis Eduardo Ochoa Londoño, que “¿con qué?”.
“Por razones técnicas, de logística y en razón al turno del contrato interadministrativo, están pendientes y/o en proceso para el mejoramiento de vivienda cerca de 70 usuarios, incluida la señora Ester Magaly Ochoa Ochoa”, le respondió el alcalde a este diario y reconoció que desde el 20 de febrero de 2013 conoce las indignas condiciones de la vivienda de su sobrina, a la que, luego de la visita y preguntas de El Colombiano, comenzaron a arreglarle la casa.
Curioso el dato del alcalde. El director de Masora envió a este diario una carta, fechada 30 de diciembre de 2014, en la que “la comunidad beneficiada” le expresa su gratitud “por los 150 mejoramientos de vivienda”.
EN DEFINITIVA
Ricardo Restrepo Sánchez, concejal de Guarne, denunciará ante los entes de control los presuntos abusos y detrimento patrimonial en la ejecución del contrato de $1.200 millones con Masora.
Lista para revisión
Gloria de Jesús Guzmán vive en la vereda San Isidro, tiene 6 hermanos y 5 hijos, uno de ellos, Miguel Alfonso, padece problemas cerebrales desde niño. Su casa es de dos habitaciones. En la de ella, sobresale un muro con una larga grieta, que no ha sido tratada con una columna. Al contrario, a la débil estructura le añadieron más carga, pues le pusieron encima una viga de amarre de concreto.
Según el residente de obra de Masora, Santiago Cardona Gómez, los beneficiarios deben garantizarle a la Asociación que los muros aguantan los techos, un concepto técnico que ni los pobres tienen y que por la necesidad de la ayuda desdeñan.
Doña Gloria recibió los materiales y contrató a un oficial que le cobró 3 millones de pesos. Dos hijas le ayudan y ella hace lo propio con los 10.000 pesos que, en un rato bueno, se gana vendiendo confites en la escuela de la vereda.
Al momento de la visita de este diario, el 25 de septiembre, Dora Elisa Calderón seguía esperando a que le llegara al menos una teja o una alfarda de lo que le prometieron a su marido, Orlando Arcángel Zapata, quien estaba de primero en la lista de beneficiarios. Su casa, en donde crió a seis hijas, es mitad rancho y mitad ladrillos. “En Guarne las casas pueden ser pobres, pero deben ser decentes y de ladrillo”, le dijeron en el municipio. Aunque eso no ha pasado, ella afirma que “vivo como una reina”.
PARA SABER MÁS
VALOR DE CADA MEJORA, TODO UN MISTERIO
Ni el alcalde de Guarne, Luis Eduardo Ochoa Londoño, ni el director Ejecutivo de Masora, Fabio Ríos Urrea, ni el supervisor del contrato, Miguel Ángel Uribe Uribe, dicen ¿cuánto invierte, en promedio, el municipio en cada mejoramiento de vivienda? “Es imposible dar una cifra exacta por usuario, puesto que las necesidades de cada beneficiario son diferentes... vale la pena aclarar que la forma de pago a la entidad no es por beneficiario, si no, por la cantidad de obra ejecutada”, señaló Masora. El mandatario dijo que “el valor de cada mejoramiento varía para cada vivienda según las condiciones, diagnóstico, estado de la vivienda, priorización de necesidades”. El supervisor, por su parte, confirmó que su tarea es ir a las viviendas, medir la cantidad de obra, sumar los metros de aquí y de allá y multiplicarlos por los precios fijados en el contrato 111.
Consultado sobre los materiales, y si él puede afirmar que son de buena calidad, Ochoa Londoño indicó que “confiamos en la calidad dada la idoneidad del ejecutor”.
Preguntado sobre el auxilio de $500.000 para mano de obra y un presunto doble pago por ese ítem, el alcalde negó que el Municipio dé tal dinero: “este recurso corresponde a un eventual acuerdo entre el contratista y el beneficiario”. Y el contratista, o sea Masora, reportó que, por ese concepto, ha pagado $20,5 millones, lo que implica 41 beneficiarios.
Según el alcalde, Masora se gana el 5% del valor del contrato, o sea $60 millones. ¿Tiene sentido tal ganancia, sabiendo que su función es la de un intermediario que da órdenes de compra y despacho de materiales?, preguntó este diario. Para Ochoa Londoño, “el papel de Masora es el de un ejecutor de un contrato interadministrativo”. Masora, a su turno, declaró que los beneficiarios, “tal como se acordó en el acta celebrada con los mismos, realizan su aporte en la mano de obra requerida para la ejecución de dichas obras y en tal sentido el mismo contrato interadministrativo, en su objeto, determina que las partes podrán efectuar aportes técnicos y humanos para la gestión del mismo”. Yovani Augusto Zapata Zabala, quien como secretario de Obras Públicas de Guarne firmó el contrato de $1.200 millones, le dijo a este diario que no recuerda nada, que no sabe de dónde salen los $500.000 del auxilio de mano de obra y tampoco explicó por qué si el contrato es de obra, Masora solo actúa como intermediario. El concejal de Guarne, Ricardo Restrepo Sánchez, afirmó que “los contratos suscritos por el municipio con Masora en este cuatrienio superan los $11.000 millones y tienen sobrecostos que fluctúan entre un 35 y 40%”.
GERMÁN JIMÉNEZ MORALES / El Colombiano
Página Web - 2015/11/02
Fuente: http://www.elcolombiano.com