La Fiscalía reveló que varios planos de apartamentos lujosos fueron cambiados como vivienda social.
Pese a tratarse de un proyecto para vivienda de interés social (VIS), las torres 1 y 2 del complejo Aquarela, del barrio Torices, en Cartagena, tendrían Helipuertos. Sin embargo, hasta el pasado 30 de mayo la Aeronáutica Civil no había sido informada de la obra.
Así lo sostuvo la fiscal Dora Cáceres que preside en la tarde de este miércoles las audiencias de imputación de cargos contra el Curador Urbano Número Uno de Cartagena, Ronald Llamas Bustos, quien otorgó las licencias para la construcción del polémico proyecto que se levantaba a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe, y que tiene en peligro la declaratoria patrimonial de la ciudad ante la Unesco.
También son imputados este miércoles el arquitecto del proyecto, Claudio Restrepo, y Lucas Tamayo, representante legal de la constructora.
La fiscal también aseguró que para validar el proyecto como (VIS) algunos planos presentados ante el fondo de vivienda de interés social y reforma urbana Distrital (Corvivienda), que avala el objetivo social del proyecto, fueron cambiados, pero en realidad se trató de lo lujosos apartamentos.
Tampoco se equivocó la vicefiscal general de la Nación, María Paula Dueñas, cuando en rueda de prensa aseguró que el proyecto contemplaba nueve torres de apartamentos; pues el ente investigador también reveló en las audiencias preliminares que Aquarela contemplaba dos fases: una primera de 5 torres y una torre para parqueaderos, que ya contaban con licencias, y una segunda fase con cuatro torres más que aún no contaban con permisos.
Las audiencias de imputación de cargos iniciaron antes del mediodía.
Proyecto VIS para los gerentes
La Fiscalía demostraba en la audiencia como varios de los apartamentos del llamado proyecto (VIS) fueron adquiridos por los propios socios del complejo urbanístico.
La Fiscal Cáceres también reveló una interceptación a una llamada telefónica entre una funcionaria de la Superintendencia de notariado y registro y el curador urbano, Ronald Llamas, que evidenciaría un tratamiento no profesional de asuntos de competencia notarial.
Para la Fiscalía, lo más grave en este proceso son las afectaciones a la periferia histórica y patrimonial de la ciudad.
“Se trató de 940 apartamentos en torres de 30 pisos cada una, donde no se tuvo en cuenta las afectaciones al patrimonio histórico, cultural y ambiental, y que puso en riesgo la conservación del valor universal y excepcional que sustenta la inscripción de Cartagena en la lista mundial de patrimonio de la humanidad de la Unesco”, había dicho la vicefiscal general de la Nación, María Paula Dueñas.
Hacia las 6 de la tarde de este miércoles, a Ronald Llamas, la Fiscalía le imputa los delitos de Urbanización ilegal y Prevaricato por acción.
Al arquitecto, Claudio Restrepo, y al gerente del proyecto, Lucas Tamayo, les imputan los delitos de Urbanización ilegal y Daño en recursos naturales.
Unesco alerta
El ultimátum sobre las afectaciones al patrimonio de la ciudad lo dio la propia Unesco en diciembre pasado en una carta enviada al Ministerio de Cultura, donde alerta sobre los riesgos a la declaratoria patrimonial de Cartagena por cuenta del proyecto que se levanta a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas.
"La actual torre en construcción es prueba objetiva y demostrable del riesgo que el Conjunto Multifamiliar representa para Cartagena en su condición de bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial", señaló en uno de sus apartes la carta de la Unesco firmada por Mechtild Rossler, directora del Centro de Patrimonio Mundial de la entidad.
La mayoría de las 940 familias que ya habían comprado apartamento en Aquarela desistieron de la compra.
John Montaño / El Tiempo
Página Web - 2018/06/06
Fuente: http://www.eltiempo.com/