Según la funcionaria, los operativos contra las invasiones ilegales continuarán. Resalta algunas de las ayudas del Distrito, como el auxilio de arrendamiento.
Ayer, desde las 5:00 a.m., las autoridades se tomaron el sector de Palmitas, en la localidad de Kennedy. Su objetivo era recuperar terrenos que pertenecían al Acueducto y donde desde hace un par de años residían ilegalmente 161 familias. Aunque a esta acción se la llama desalojo, la secretaria de Hábitat, María Carolina Castillo, asegura que se trata “de una recuperación del territorio” y que detrás de esas ocupaciones suelen estar los tierreros, organizaciones criminales dedicadas a la venta ilegal de predios, así como bandas de microtráfico.
¿Por qué decidieron realizar el desalojo de Palmitas?
No se trata de un desalojo. Nosotros hablamos de la recuperación de terrenos que pertenecen al Distrito. En el caso de Palmitas, al Acueducto. En los últimos años se asentaron de manera ilegal 161 familias. Desde el 30 de noviembre de 2016 les informamos sobre su condición y les brindamos ofertas sociales, incluyendo un valor único de reconocimiento que asciende a 70 salarios mínimos y, en el entretanto, un auxilio de reasentamiento para que tomen en arriendo un lugar mientras consiguen su vivienda. De ellas, 131 accedieron al programa de la Caja de Vivienda Popular y nos quedaban 29, que son con las que dialogamos ayer.
¿Por qué no aceptan sus propuestas?
Lo que puedo advertir es que en algunos casos están detrás organizaciones de microtráfico. También se identificó que hay una persona que “arrienda” esos predios y hay quienes están recibiendo amenazas para no abandonarlos. Hay una condición criminal que les limita su condición de salida.
¿Cuántas invasiones ilegales hay en Bogotá?
Las ocupaciones ilegales se miden por número y por hectárea. En 2016 hubo 21.384 ocupaciones. Si bien el número aumentó de 2015 a 2016, se disminuyeron en 6,35 hectáreas las ocupaciones ilegales. Hay menos espacio ocupado, pero más personas asentadas en territorios de manera ilegal. De todas formas, reconocemos que el número es muy alto.
¿A qué se debió el incremento en número?
Antes no había control efectivo a las ocupaciones. Desde el año pasado estructuramos una estrategia que permitiera entender, además del monitoreo, el fenómeno criminal que hay detrás de cada ocupación. Por eso, con la Secretaría de Seguridad hemos hecho un trabajo serio en la identificación del modus operandi de los tierreros, para que el Distrito pudiera intervenir junto con Fiscalía. Fue así como se lograron interponer 76 denuncias y desarticular 11 bandas el año pasado.
¿Qué ofertas hay para ellos cuando ustedes se toman el terreno?
En los casos de las ocupaciones ilegales, lo que hacemos es un acompañamiento social. En los casos en los que están en riesgo (fenómenos de remoción en masa, por ejemplo) el Idiger les brinda un auxilio económico para un arriendo por un período determinado. Las familias luego entran a un proceso con la Caja de Vivienda Popular.
¿Qué sucede si no aceptan esas ayudas?
Tienen hasta 45 minutos para sacar sus enseres y, si no lo hacen, se carnetiza a un miembro de la familia que vigila el proceso a través del cual el Idiger y las secretarías recogen todo y lo llevan a un sitio. Si no tienen un lugar, nosotros proporcionamos uno. Posteriormente se ejecuta la demolición.
¿Continuarán con los operativos?
Sí, pero no tenemos fechas. Eso se coordina con la Policía y nos avisan con poca anticipación.
Redacción Bogotá / El Espectador
Página Web - 2017/07/31
Fuente: http://www.elespectador.com/