Con plástico, cartón, zinc o madera cientos de familias en Cartagena improvisan sus casas en terrenos baldíos que pertenecen al Distrito y que están destinados para proyectos de desarrollo o que fueron declarados como zonas de reserva o de alto riesgo para vivir.
Contrario a la percepción general y a lo que los mismos invasores alegan, el aguantar frío, calor y lluvia en un cambuche no está siempre motivado por la falta de un lugar digno dónde vivir, sino por el interés de obtener un provecho económico por permanecer en el predio.
En días pasados, el alcalde Manolo Duque alertó a la ciudadanía sobre la existencia de “carteles” que están dedicados a esta actividad: “El lote Doña Manuela (donde se reubicará el mercado de Bazurto) fue invadido y tuvimos que actuar de inmediato, sacamos a la gente. Aquí hay carteles de invasión que están en toda la ciudad pendientes de los proyectos que vamos a hacer para invadir”.
Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3 aseguró a El Universal que la invasión de terrenos públicos se convirtió en un problema social en Cartagena y que las invasiones rápidamente se pueden convertir en asentamientos en los que ya no es posible desalojar sino implementar otras estrategias como reubicar a las familias en casas de interés social.
Este es el caso de Cerro de Albornoz donde, según lo afirmó la funcionaria, se hicieron varios operativos de desalojos en administraciones pasadas pero estos no surtieron efecto pues hay un asentamiento de varias familias que fueron censadas y que esperan una estrategia de atención por parte del Distrito.
“Hay personas que siempre están pendientes de los terrenos baldíos y aprovechan para invadirlos. Muchas veces ni siquiera es la necesidad de vivienda sino que quieren poseer el lote para venderlo a personas incautas, pues quienes invaden, por lo general, ya tienen casa”, dijo Zapata quien recalcó que está en constante atención al relleno sanitario Los Cocos que intenta ser invadido pese a que la zona fue declarada como no apta para habitar.
Gregorio Rico, alcalde de Localidad 2, indicó que en el 2016 se restituyeron 13 predios en la vía Perimetral, Las Palmeras y Las Gaviotas, y en lo corrido de este año se han hecho 13 desalojos más en Olaya Herrera, sectores La Arrocera, Calicanto, Pantano de Vargas y Foco Rojo ; y en otros barrios como El Pozón y el corregimiento Manzanillo del Mar.
Javier Jaramillo Martínez, alcalde saliente de la Localidad 1, expresó que “el año pasado se recuperaron 15 kilómetros de lotes públicos en barrios como Chambacú, donde había instalado un cambuche en el que, según las denuncias de los vecinos, expendían drogas. Los desalojos también se hicieron en Playa Blanca, ciénaga Las Quintas, zonas aledañas al caño Juan Angola, Bruselas y faldas de La Popa”.
No tienen derechos sobre los predios, pero...
El abogado Enrique del Río, explicó a este medio que “los bienes del Estado son de uso público y son imprescriptibles, es decir, que nadie que esté en un bien de uso público puede ser dueño de estos por prescripción adquisitiva”.
Pese a lo anterior, Del Río advirtió que los invasores sí adquieren algunos derechos derivados del principio de confianza legítima, como la reubicación o la creación de planes sociales que garanticen condiciones de vida dignas para los ciudadanos que invaden .
Aún no hay acciones contra los “carteles”
Hasta la fecha la Administración Distrital no ha anunciado acciones legales contra los presuntos carteles de invasores.
Tania Flórez Dechamps / El Universal
Página Web - 2017/03/07
Fuente: http://www.eluniversal.com.co