En quince días, la Superintendencia de Sociedades dará a conocer el documento con el proyecto de graduación y calificación de créditos y la determinación de los derechos para los acreedores y afectados por las cinco compañías filiales de la firma CDO en proceso de reorganización o liquidación.
Este servirá para que los acreedores y afectados de Alsacia, Calamar Vifasa, Bepamar y Acuarela puedan presentar objeciones y reclamaciones según como vean que queden clasificadas las cuantías de los créditos, recurso para el cual dispondrán de cinco días y que se interpondrá ante la misma instancia.
El jefe de la Supersociedades, Francisco Reyes, no adelantó la suma que se les adeuda a los afectados por las edificaciones evacuadas por riesgo de colapso (Asensi, Continental Towers, Colores de Calasania y Acuarela del Norte): “Tenemos estimados, pero preferimos esperar el momento del traslado. Los activos creemos que superan los $120 mil millones, con pasivos superiores a $90 mil millones”.
La idea de este proceso es buscar que las empresas se salven y que se concilie con los afectados, pues de no lograrse esto, el proceso irá a liquidación de las empresas y se hará más largo.
Alonso Sanín, promotor del proceso, aclaró que los auxilios de habitabilidad que CDO les paga a los propietarios son considerados “gastos de administración”.
Hasta el momento, CDO ha gastado unos $60 mil millones en pago de auxilios de habitación, transacciones e indemnizaciones a propietarios.
Sobre Acuarela del Norte, que ye tiene licencia de repotenciación pero que aún CDO no inicia trabajos, Marta Ruth Ardila, de la Supersociedades, aclaró que no es función de su dependencia presionar a la constructora sobre este tema.
José Yesid Londoño, dueño de un apartamento en Asensi, comentó que la firma le ha cumplido con los arrendamientos y espera una pronta solución: “que repotencien o paguen el apartamento, lo importante es que sea rápido”.
¿QUÉ SIGUE?
Fiscalía cumplió en caso space
Ayer, sobre el tema del colapso del edificio Space, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo manifestó que, por parte del ente investigador, el proceso está cumplido, ya que se logró “la reparación integral a satisfacción de la mayoría de las víctimas”. Explicó que la ley colombiana permite precluir investigaciones cuando hay reparación de delitos culposos, como es el caso del colapso de la torre 6 del edificio, que cayó el 12 de octubre de 2013, dejando 123 muertos. “Para nosotros, el caso ya fue solucionado y está en manos de los jueces”, dijo.
GUSTAVO OSPINA ZAPATA / El Colombiano
Página Web – 2015/05/22
Fuente: http://www.elcolombiano.com