Se abrió un interesante debate -asordinado por la pugnacidad de la campaña presidencial- acerca del proyecto de ley que busca amparar el patrimonio de los compradores de vivienda frente a desastres arquitectónicos.
El colapso de edificios en el país y los problemas que se han presentado por evidentes fallas en diseño y construcción, han generado inquietudes que ameritan responderlas a través de la creación de un seguro obligatorio, tomado por el constructor para proteger, tanto a los propietarios como a los terceros que resulten afectados en el evento que una edificación construida se derrumbe o amanece ruina.
Si bien el objetivo fundamental de la póliza es proteger a las víctimas, también constituye un elemento importante de protección para el constructor, quien traslada el riesgo a una aseguradora, para que esta con su patrimonio sea la que responda por los perjuicios que se causen en el evento de que resulte afectada la estabilidad de la edificación. De esta forma se elimina el riesgo que se presenta en los casos en los cuales el constructor no cuenta con el patrimonio suficiente para indemnizar a la totalidad de las personas afectadas.
Además de proteger a damnificados, a terceros y a los mismos constructores, el seguro obligatorio impacta directamente en la calidad de la construcción de edificaciones nuevas. Y lo hace en la medida en que entra un nuevo actor, el asegurador, que es el que va a comprometer su patrimonio, y por supuesto a exigir las mejores condiciones técnicas, para garantizar que el edificio no va a presentar problemas de estabilidad.
Fuera de los beneficios ya señalados y consagrados en el proyecto legislativo -pendiente de ponencia para que se convierta en ley de la nación- hay otros como el de garantizar el mejoramiento en el proceso de revisión de diseños. Además estimula al constructor para que las edificaciones se hagan de acuerdo con escrupulosas normas técnicas y se garantice la fortaleza de la estructura ante eventuales sismos.
Uno de los temas que más podría preocupar a los constructores obligados a tomar el seguro, sería el impacto financiero que pueda tener el valor de aquel en los costos de sus proyectos. Pero estimamos que para proteger vidas humanas y evitar ruinas económicas recíprocas -para constructor y comprador- cualquier esfuerzo es justificable. Máxime cuando los costos de la prima son reducidos al variar entre el 0.5 % y el 1.5 % del valor comercial del proyecto. La prima se paga de una sola vez durante 10 años.
Lástima que esta iniciativa legal que ayuda a salvar vidas, no incluya obras que desarrollen proyectos destinados a oficinas o centros comerciales. Los que resulten afectados no tendrían la protección del seguro. Ahí se queda corta la iniciativa. Falla aquel principio que donde hay igual responsabilidad y riesgo debe existir igual disposición.
A este proyecto hay que empujarlo y ampliarlo. Es conveniente para garantizar la idoneidad de la industria de la construcción y conservar la vida y los bienes de quienes con esfuerzos logran conseguir vivienda.
ALBERTO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ / El Colombiano
Página Web – 2014/06/04
Fuente: http://www.elcolombiano.com