Esta ampliación de la ciudad devela una bipolaridad en el actuar de nuestras autoridades.
Durante 2012 y 2013, una comisión convocada por el presidente Piñera discutió y consensuó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), con el fin de que esta guíe el desarrollo de nuestras ciudades.
Pese a las distintas opiniones y criterios discutidos al abordar un tema de la complejidad y los intereses que este involucra, el documento fue firmado en forma unánime por los 28 miembros, incluidos los ministros de Vivienda y Transportes y Telecomunicaciones, además del Presidente.
La política fue promulgada por decreto a fines de octubre y, según palabras del propio Presidente, está a la altura de lo que se requerirá (en materia de ciudades) cuando seamos un país desarrollado, a fines de esta década.
Para mayor entendimiento del espíritu de este documento, se complementó con el subtítulo "Ciudades Sustentables y Calidad de Vida". Y para lograrlas, se estableció la necesidad de contar con una planificación integrada. Esto significa que, al diseñar, deben concurrir a la mesa los actores que tienen injerencia en la construcción de ciudad, es decir, los ministerios de Transporte, Vivienda, Obras Públicas, Salud, además de los municipios, los inmobiliarios y, por supuesto, los ciudadanos.
Por todo lo anterior y el cambio de paradigma que significa la implementación de esta nueva herramienta, llama especialmente la atención que, entre gallos y medianoche, (el fin de semana de la elección presidencial), la contraloría aprobara el PMRS 100.
Esta ampliación de la ciudad, que incorpora 10 mil hectáreas, se contradice con la política y devela una bipolaridad en el actuar de nuestras autoridades, que por un lado acuerdan la planificación integrada, y por otro aprueban un plan unisectorial, que no analiza a la ciudad en su conjunto, ni cuenta con la coordinación del Ministerio de Transportes (tema reconocido por el propio ministro durante la discusión de la PNDU).
El PMRS 100 encarna las malas prácticas que en el pasado nos han llevado a tener mala calidad urbana, de la mano del mayor índice de segregación de la OCDE. Sus promotores, entre los que debutó el ex Intendente Metropolitano, Fernando Echeverría, anterior Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, han esgrimido una y otra vez (como blanqueo de la iniciativa) que "Santiago no tiene suelo para vivienda social", y que este hecho justifica la medida.
Sin embargo, de las 10 mil hectáreas, solo el 8 % está destinado a este fin, en tanto que la PNDU establece que no podemos seguir construyendo guetos de pobreza en la periferia...
Por fortuna, el programa de Michelle Bachelet se comprometió a implementar la PNDU, por lo que se debiera someter al PMRS 100 a los principios que inspiran la nueva política, entre cuyas herramientas está la captura de plusvalías que tendrán estos terrenos. Esto significa que todos aquellos especuladores que han hecho lobby por años a la espera del cambio de uso del suelo, deban devolver al Estado parte importante del beneficio económico, para que este lo reinvierta en mejorar la ciudad.
Mathias Klotz, Arquitecto / El Mercurio
Página Web - 2013/12/07
Fuente: http://diario.elmercurio.com/