Son datos de un relevamiento. También se pide como depósito el equivalente a los últimos meses de los contratos, que son los más caros.
Expensas altas, renovaciones con un 40% de aumentos, ajustes semestrales a un porcentaje cada vez mayor, depósitos al valor del último mes del contrato y no del primero. Si alquilar en la Ciudad fuera un videojuego, esos cuatro serían algunos de los obstáculos que un inquilino debe afrontar para seguir viviendo en la misma casa o el mismo departamento. Y el arma para defenderse, un salario que a la luz de la inflación queda cada vez más chico. En ese juego desigual, el “game over” es cada vez más frecuente: rescindir anticipadamente, convivir en pareja de forma apresurada, buscar un “roommate” con desesperación, volver a vivir con la familia, pedir prestado, o la calle.
En los últimos dos años, los contratos de alquiler se renovaron a un 40% más del valor anterior del contrato, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. De ese mismo relevamiento se desprende que el ajuste semestral promedio fue del 15%. Los datos no provienen de los precios a los que se ofrecieron las propiedades en los avisos inmobiliarios, sino de los montos efectivamente acordados en los contratos que los inquilinos firmaron en la Ciudad. Una información surgida de la atención personalizada enmarcada en el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría.
El panorama futuro no pinta mucho mejor: de acuerdo al mismo informe, las renovaciones de contratos para los próximos dos años se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir, una suba de más del 50% anual. Eso en promedio: como pudo comprobar este diario, hay previstos incrementos de hasta un 60% por año. Los salarios, del otro lado, están lejos de poder afrontar esa realidad.
“Hay cada vez más inquilinos con problemas para pagar, más atrasos, más rescisión anticipada, con el pago de multa y la mudanza que implican”, observa Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos que elaboró el informe. Y analiza: “Cuando se toma el precio del alquiler y el comparativo de la oferta, se considera al inquilino como un nómade, como si eligiera mudarse de un barrio a otro, cuando en la mayoría de los casos quiere seguir viviendo donde está”.
Es el caso de Marilina (32), en San Telmo, que renovó contrato con un aumento del 60%. “No me quiero mover de donde estoy. Acepté esa suba para evitar una burocracia que me dejaría en la calle”. Sofía (26), vecina de Belgrano, pudo negociar por algo menos de lo pedido, pero se abstuvo de pelearla mucho más: “No quería discutir por miedo a que la dueña se enojara: en otros lugares me pedían mucha plata para entrar a departamentos que ni siquiera estaban buenos”.
Al salto de precios de un contrato a otro -y de un semestre al posterior- se agrega el pago de expensas en ascenso, que en muchos casos no discriminan entre ordinarias (que suele abonar el inquilino) y extraordinarias (las que debe afrontar el propietario). La frutilla del postre es la tendencia creciente a que se pida un depósito a un valor equivalente al último mes del contrato en lugar de al primero.
El desequilibrio de fuerzas se hace sentir: entre 3% y 4% de locadores, que concentran las propiedades que alquila el 45% de la población porteña. Son números que brinda la Defensoría en base a estimaciones: muchos contratos de alquiler se firman sin mediación de inmobiliaria. El Estado entonces no sólo no fija precios, tampoco puede registrar. El campo de batalla es un mercado desregulado donde lo que está en juego no es hacerse de un auto, un celular o una computadora, sino de algo tan ineludible como un lugar donde vivir.
Para Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados, es necesario que “el Estado fije un índice objetivo que contemple las distintas necesidades de las dos partes. Si las cosas siguen así, vamos a tener un problema muy grande para controlar la inflación y también para evitar la crisis habitacional en la Argentina”. Por eso, plantea la urgencia de la aprobación de una Ley de Alquileres nacional.
El proyecto, que tiene media sanción, plantea que el precio de los alquileres sea un promedio entre inflación y salario, y que se actualice de forma anual en lugar de semestral. También, que los contratos duren tres años en vez de dos, y que 90 días antes de que venza las partes se reúnan para acordar los términos del siguiente.
Fernando Muñoz va incluso más allá: propone que los contratos, en lugar de ser renovados -lo que en la práctica es lisa y llanamente la firma de uno nuevo-, sean prorrogados, como una forma de premiar al buen inquilino. Toma entonces el ejemplo de España, donde duran cinco años y se prorrogan automáticamente por tres más si 30 días antes de que finalice ninguna de las partes quiere terminarlo.
Aunque la Ciudad tiene su propia Ley de Alquileres, la 5.859, aún hay que dar más lucha: la Cámara de Apelaciones declaró inconstitucional la norma y hay inmobiliarias que siguen pidiendo comisión al inquilino, aunque esa ley lo prohíba. Con todo, el texto sigue vigente: Inquilinos Agrupados apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia y ahora falta que este se expida.
SC
Karina Niebla / Clarín
Página Web - 2020/02/04
Fuente: https://www.clarin.com/