Reclaman la “redeterminación de precios” de los contratos firmados con el Gobierno.
Tras la devaluación de principios de año y los aumentos de precios que se registraron en los últimos dos meses, las empresas constructoras de obra públicas quieren acelerar la actualización monetaria de los contratos con el fin de compensar el impacto inflacionario y mantener el nivel de actividad.
Por ahora los planteos que apuntan a reclamarle al Gobierno un cambio en el actual mecanismo de “redeterminación de precios” de las obras públicas, se registran “puertas adentro” de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la entidad que aglutina a las principales contratistas del Estado y las empresas medianas del sector.
Pero, si la conducción de la CAC que encabeza Gustavo Weiss–el dueño de la constructora Eleprint que mantiene una relación “politicamente correcta” y sin sobresaltos con el Gobierno–no lleva adelante en los próximas días un reclamo de manera oficial, no se descarta que comiencen a aflorar fuertes críticas de las delegaciones del interior que son las más afectadas por la falta de actualización de los valores contractuales.
Tanto las empresas medianas y chicas que ejecutan los programas de viviendas en varias provincias, como las más grandes que tienen adjudicadas las principales obras viales y de infraestructura coinciden en señalar que la metodología de redeterminación de precios vigente “no sirve, ni resulta equitativa para el actual escenario inflacionario”.
El mecanismo indexatorio que rige hoy en día data de julio de 2002. Fue aprobado durante la adminstración de Eduardo Duhalde por medio del decreto 1295/02 y establece que “los precios de los contratos de obra pública podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior en un 10% a los del contrato”.
Según destacaron empresarios del sector, cada proceso de redeterminación de precios demora, en promedio, un año. Cuando los técnicos terminan de convalidar los ajustes, las autoridades del ministerio de Planificación y Economía aprueban una actualización “provisoria” y seis meses despúes concluye el trámite con la redeterminación “definitiva”.
Desde las constructoras se quejan porque el esquema vigente no reconoce todos los costos y es demasiado lento comparado con los mecanismos más elásticos y acotados que tienen varias provincias para sus obras públicas.
Más allá de los acuerdos de “Precios Cuidados” para la construcción que el Gobierno viene anunciado en distintas ciudades del interior; en algunas provincias ya se ve afectada la actividad del sector Según fuentes gremiales, en Córdoba y Tucumán hay 2.000 trabajadores suspendidos. Y en La Pampa, la cámara de constructoras le advirtió a las autoridades que paralizarán las obras públicas si la provincia no apura la actualización de los contratos y define un nuevo índice de costos basado en los precios locales y no en los que releva el Indec.
ANTONIO ROSSI / Clarín
Página Web - 2014/03/23
Fuente: http://www.clarin.com