El Gobierno central argumenta así su recurso contra la ley de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía

El Gobierno central ha argumentado su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía en el hecho de que esta norma "pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de España y de comenzar la senda de crecimiento económico".

 

En el recurso, consultado por Europa Press, además de desarrollar otros motivos de inconstitucionalidad de la norma andaluza, como la vulneración de competencias estatales, el Gobierno sostiene, en sus fundamentos de derecho, que "no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español".

 

Asimismo, alude que de esta manera "lo ha entendido la Comisión Europea, que a través de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros ha remitido al Ministerio de Economía y Competitividad una carta en la que señala su preocupación por la 'inseguridad' que generan las medidas andaluzas en el sector inmobiliario e hipotecario español, con 'un consiguiente incremento en la prima de riesgo y en la demanda de activos inmobiliarios españoles'".

 

El recurso indica que la carta de la CE agrega que ello provocará "una reducción en el valor de activos inmobiliarios con las repercusiones en el balance y en las necesidades de provisión de las entidades de crédito", lo que afectará al "flujo de crédito a la economía y habrá de presentar específicos retos para la Sareb, que tendrá grandes dificultades para llevar a cabo su mandato en materia de gestión de activos", apunta el Gobierno aludiendo a la carta de la CE.

 

El recurso indica, sobre el mecanismo expropiatorio previsto en la ley andaluza, relativo a la expropiación temporal del uso de la vivienda, que ello "redunda en una absoluta pérdida de valor de la cartera traspasada a Sareb; ningún inversor comprará carteras de vivienda en Andalucía cuando una norma con rango de ley permite al ulterior adquirente permanecer en ella por un plazo de hasta tres años sin satisfacer renta alguna al propietario, lo que convierte en inviable la venta del inmueble".

 

Agrega que "además "difícilmente el eventual adquirente podrá obtener financiación cuando bajo esta normativa la entidad de crédito se ve expuesta no solo al impago sino también al riesgo de no poder liberar su balance del activo durante tres años por existir ese derecho de uso que con toda probabilidad imposibilitaría cualquier transmisión".

 

También en los fundamentos de derecho, el recurso cita cuatro informes del Banco de España, así como el Memorando de Entendimiento (MOU) que fija las condiciones del rescate financiero a España, para concluir sosteniendo que el MOU "obliga a las autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no incluida en el MOU que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa". El recurso también expone que de ceder el derecho "a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública".

 

La opinión de la consejera

 

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado que el texto del recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, es "una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo". "Es un recurso destinado a negar a las instituciones andaluzas el derecho a aprobar leyes con impacto económico en defensa de los trabajadores", ha añadido Cortés en una nota.

 

El Gobierno central alega en el recurso que, "si cediera el derecho a favor de su función social", en alusión a la norma andaluza, "desaparecería la propiedad privada". "Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo", ha señalado Cortés, que ha afirmado que conocer "la letra concreta" del recurso confirma que el mismo supone "un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos".

 

La Consejería de Fomento y Vivienda, "por el impacto y las consecuencias del mismo sobre la ciudadanía", ha hecho público en su página web el recurso, cuya admisión a trámite fue notificada a la Junta el mencionado 22 de enero por el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.

 

En dicha notificación, el TC comunica que "por el presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución", lo que produce la suspensión cautelar inmediata y sin entrar en el fondo de la vigencia de los preceptos impugnados, que básicamente son la creación de la figura de vivienda vacía, la potestad de sancionar a personas jurídicas por mantener inmuebles deshabitados durante más de seis meses a lo largo de un año y la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de familias en exclusión social. Cortés ha recordado que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, "sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos, y sin que se presentase contra la misma recurso de inconstitucionalidad por parte del PP a través de 50 de sus diputados". "Hay un trato claramente discriminatorio hacia Andalucía", ha afirmado Cortés, ya que la Ley catalana "también establece y delimita la función social de la vivienda y fija infracciones para quienes la incumplan".

 

A su juicio, "el recurso se basa en elucubraciones descabelladas e hipótesis ya refutadas por los hechos según las cuales la Ley andaluza provocaría el colapso de la economía española". Cortés ha destacado que, en sus algo más de tres meses en vigor, la Ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andalucía, "y ello mientras bajaba la prima de riesgo, como el Gobierno se encarga de repetir a diario, y sin que se haya interrumpido, que se sepa, ese proceso de reestructuración pagado con multimillonarias cantidades de dinero público".

 

Ante esto, ha afirmado que "el recurso del Gobierno, además de admitir a las claras la intervención de la democracia española por parte de la Troika, pretende negar al Parlamento de Andalucía autonomía legislativa sobre cualquier materia con impacto económico". "Contravenir los dictados de la Troika podrá gustar más o menos políticamente, pero desde luego no es inconstitucional", ha señalado Cortés.

 

La consejera ha recordado que la norma andaluza tiene "perfecto anclaje constitucional", entre otros, en el artículo 33, que establece que el derecho de propiedad tiene una función social; en el 40, que fija que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa; el 47, según el cual los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; y el 128, que señala que toda la riqueza del país está sujeta al interés general. Cortés ha recordado que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda.

 

 

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ABC

Página Web - 2014/01/29

Fuente: http://www.abc.es

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Un total de 15.451 fueron vivienda habitual y 4.116 suponían otro tipo de inmuebles, según el Banco de España

El número de desahucios registrados en España en el primer semestre de 2013 se situó en 19.567, de los que 15.451 fueron vivienda habitual y 4.116 suponían otro tipo de inmuebles, según los datos hechos públicos este martes por el Banco de España.

 

Los primeros datos publicados por la institución a diciembre de 2012 situaban el número total de desahucios en 23.774, de los que 20.540 fueron entregas judiciales de vivienda vacía y 3.234 correspondieron a viviendas ocupadas.

 

En concreto, entre enero y junio de 2013 se entregaron judicialmente un total de 18.256 viviendas vacías y 1.311 viviendas ocupadas. En 88 casos se produjo la intervención de las fuerzas del orden (59 de ellos en una vivienda habitual).

 

Según explica el organismo que dirige Luis María Linde, en los seis primeros meses de 2013 el porcentaje de daciones en pago sobre el total de viviendas entregadas fue del 32,3%, frente al 35,7% del año anterior. Mientras, el porcentaje de viviendas vacías en las entregas judiciales en el primer semestre del año pasado fue del 93,3%, frente al 86,4% de un año antes. Este porcentaje se mantiene en el caso de vivienda habitual (frente al 85,1% en el ejercicio 2012).

 

 

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ABC

Página Web - 2014/01/28

Fuente: http://www.abc.es

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Tinsa anima a reactivar la construcción de inmuebles a partir del segundo semestre del año que viene

La evolución de los precios en el sector inmobiliario, aunque aún mantiene su ajuste, puede alcanzar su punto de inflexión este año. Este es el mensaje de la sociedad tasadora Tinsa, que apunta a que el excedente de vivienda nueva sin vender, procedente de los años del «boom» del ladrillo, se reducirá hasta los 300.000 inmuebles en 2016 y «desaparecerá» a partir del segundo semestre de 2017. Actualmente se sitúa en 400.000 pisos. El dato ofrecido por los tasadores contrasta, sin embargo, con el registrado por el Ministerio de Fomento y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan dicho «stock» de pisos nuevos entre los 600.000 y 750.000 inmuebles.

 

«El inicio de nuevas viviendas debería reactivarse, como muy tarde, durante el segundo semestre de 2015 o en el primer semestre de 2016», señaló el portavoz de la organización, Raúl García, en una rueda de prensa. Si no, dentro de tres años, advirtió, se puede producir una «subida de precios», al no contar esta demanda para la creación de nuevos hogares con una oferta inmobiliaria adecuada. En este momento, se inician 35.000 viviendas y se finalizan 50.000, un ritmo de edificación que deberá abastecer, según los datos de Tinsa, a una demanda total de 100.000 pisos al año en 2014 y 2015.

 

En cuanto a edificación, el director general comercial de la sociedad, Íñigo Valenzuela, señaló que «estamos en el ciclo más bajo de la curva». Una situación que podría reflejarse también en la evolución de los precios de la vivienda, que podrían «tocar suelo» en «muchas regiones» durante este año, teniendo en cuenta que las condiciones de evolución de crédito, empleo y de crecimiento económico se mantengan (a un ritmo del 1% del PIB) y los recortes de precio que ya sufren los inmuebles. De media, desde los máximos alcanzados en plena burbuja, los pisos han recortado su importe en un 39,4%. Los mayores retrocesos se han producido en Castilla-La Mancha (50,2%), Cataluña (49,1%) y Aragón (46,7%).

 

Mientras tanto, durante el cuarto trimestre del año ya se observa una ralentización de los descensos en comparación con el año pasado en las Islas Baleares (2,3%), Navarra (3,1%) y las Islas Canarias (3,5%). No es el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Asturias, donde los descensos continúan siendo pronunciados (del 13,1%, 12,3% y 11,8%, respectivamente). En cuanto a la distribución de los precios por provincias, destaca la posición de Cáceres, que repuntó un 1,9% durante los últimos tres meses del año pasado.

 

 

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LUIS M. ONTOSO / ABC

Página Web - 2014/01/28

Fuente: http://www.abc.es

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Los afectados por las «hipotecas burbuja» asumirían una pérdida media de 22.216 euros en caso de vender su inmueble, según un informe del comparador Kelisto.es

 

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado a más de medio millón de hogares españoles atrapados en su hipoteca. En concreto, 581.441 familias tienen una vivienda cuyo valor real es menor que el valor del crédito bancario que asumieron para su compra, según un estudio realizado por el comparador Kelisto.es cruzando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España. Así, el 9,5% de los préstamos para la compra de vivienda constituidos en nuestro país se consideran ya «hipotecas burbuja». O dicho de otra forma, uno de cada diez hipotecados soportan ya este desajuste.

 

El motivo de este desajuste es la caída del precio de la vivienda desde el estallido de la crisis, unido a que muchas hipotecas que se concedieron durante los años de bonanza económica financiaron más del 80% del valor del inmueble, llegando a superar el 100%. El precio medio de un piso cerró 2013 en 150.787 euros, un 10,6% menos que un año antes y un 38,5% por debajo del máximo histórico de 245.313 euros alcanzado a finales de 2007.

 

A pesar de que la hipoteca media se sitúa en 106.473 euros, según cifras del INE, a día de hoy el número de «hipotecas burbujas» en España se ha multiplicado por 40 desde 2009, cuando el número de viviendas con una hipoteca con un valor superior era de 14.333.

 

«El número de afectados por el problema de la hipoteca burbuja no ha parado de crecer», ha señalado este martes durante la presentación del informe la responsable de finanzas personales de Kelisto.es, Estefanía González, que estima que el mayor deterioro del precio de la vivienda que se espera, unido a la debilidad económia, hará que ese tipo de préstamos alcance este año los 668.940 unidades y en 2015 llegue a 710.386 hipotecas.

 

Un agujero económico de 12.900 millones

Esta realidad implica que la venta del piso no permitiría a estos propietarios saldar su deuda financiera. De hecho, y según los datos recopilados por el comparador, la diferencia media entre el valor real de los inmuebles y sus hipotecas asciende a 22.216 euros, lo que supone un agujero total de 12.917 millones de euros. En 2015, esa brecha alcanzaría los 19.579 millones, o 27.562 euros de media por familia con «hipoteca burbuja».

 

Las comunidades más afectadas son Cataluña y Madrid, que acumulan entre ambas el 42,6% de las esas más de 580.000 «hipotecas burbuja». En la primera región se contabilizaron 142.008 préstamos de este tipo, el 24,4% del total, mientras que en la capital existen 105.481 (18,1%). Navarra, País Vasco, Extremadura y la Región de Murcia son las autonomías con un menor porcentaje de hipotecas desajustadas respecto al valor de las viviendas.

 

Cómo liquidar una «hipoteca burbuja»

La crisis económica se ha traducido en más paro y por tanto menos ingresos y renta disponible para las familias. Eso ha hecho que muchos hogares se vean ante la imposibilidad de afrontar el pago de hipoteca. Más aún cuando el valor de ese crédito es superior al de la vivienda, lo que impide saldar esa deuda con la venta del inmueble. Ante esa tesitura, y según los expertos de Kelisto.es, una solución para liquidar esa «hipoteca burbuja» cuanto antes es poner en alquiler el piso a un precio que, sumado a los ingresos del propietario, permitan asumir las cuotas de la hipoteca más el coste de trasladarse a una nueva vivienda. Otra opción sería tratar de de negociar con el banco que concedió el préstamo, tal y como trata de favorecer la nueva ley hipotecaria aprobada en 2013 por el Gobierno. Se trataría de acordar con la entidad financiera una reducción de la deuda para adecuarla al valor real de la vivienda, flexibilizar la hipoteca alargando sus plazos o, en último término, negociar la dación en pago, entrgando la vivienda a la entidad para que esta considere saldada la deuda.

 

 

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MONCHO VELOSO / ABC

Página Web - 2014/01/28

Fuente: http://www.abc.es

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