Al desalojo de 308 familias de las seis torres del complejo habitacional Space, más las de Continental Towers, Olivares y Asensi, ocurrido en el último mes, se está sumando un proceso similar derivado por el invierno y con afectaciones para 4.700 familias que en Medellín han tenido que dejar sus casas.

En el caso de las primeras copropiedades, los gastos los viene asumiendo la constructora CDO. Para las víctimas del invierno, son los recursos públicos los que entran a operar.

Diego Restrepo, director del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, Isvimed, explicó que ante la ocurrencia de un desastre, la Comisión social del Departamento administrativo para la gestión del riesgo y emergencias, Dagrd, con la Secretaría de Inclusión Social determinan qué familia tiene derecho o no al subsidio.

"Si la casa se puede reparar les damos a los afectados subsidio de mejoramiento. Si tienen que abandonar, la ayuda, que es 318.000 pesos, se brinda hasta que se logre la capitulación a vivienda nueva. Tenemos un banco inmobiliario de casas en alquiler", dijo el funcionario.

El pago de arriendos beneficia a 4.700 familias. Al inicio de esta administración eran 5.100.

El director del Dagrd, Carlos Gil, informó que la semana pasada evacuaron, por invierno, a 25 familias de Altavista. La gran mayoría se consiguió su propio albergue mientras tramita auxilios con el Municipio.

Otros municipios
El invierno no conoce de mapas entonces Bello e Itagüí también han tenido que brindar auxilio a familias afectadas. Entre las que se quedaron sin vivienda se suma el caso de la explosión de una polvorería.

El director de Gestión del Riesgo de Bello, Nicolás Rave, dijo que por esa explosión, en La Maruchenga, siete familias quedaron en la calle. "La Alcaldía les reconoce un arriendo por 400.000 pesos", anotó.

Añadió que todavía les pagan arriendo a quienes perdieron sus casas en la tragedia de La Gabriela, en 2010, y a habitantes de la ribera de la García. En total, son 278 familias.

En Itagüí, el invierno obligó a 23 familias a evacuar, dijo Mauricio Sánchez, de Gestión del Riesgo. Les dan subsidio de alquiler de 300.000 pesos por mes durante 90 días. Se puede prorrogar 3 meses.

El sector inmobiliario
Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, señaló que no se ha incrementado la demanda de vivienda tras la tragedia de Space, pero sí existe temor de personas que quieren arrendar, en especial en El Poblado, y preguntan sobre la forma como se construyó el inmueble. Indicó que hay casos de inquilinos de otros edificios que quieren terminar su contrato, aduciendo que tienen grietas en el apartamento. "No juzgo el temor, pero una fisura normal la ven como tema estructural", indicó.

Carlos Arias, administrador de Arrendamiento Poblado, afirmó que en lugar de aumentar demanda por vivienda en arriendo, hay disminución en relación con agosto y septiembre. Noviembre se sostiene.

Una visita al sector El Tesoro de la Virgen, de El Poblado, le dio al concejal Rober Bohórquez argumentos para afirmar que algunas constructoras de Medellín se pasan por la faja las compensaciones que deben entregarle al municipio por la ejecución de sus proyectos inmobiliarios. La deuda por este concepto, dice, supera los 26.000 millones de pesos.

En su inspección, el concejal, que estuvo acompañado por su colega Bernardo Alejandro Guerra, comprobó que una reconocida firma constructora realizó, para uno de sus proyectos, un lleno de un lote aledaño a un barrio de estratos 1, 2 y 3, cuyas casas se agrietaron por el procedimiento.

"En el 90, ya el Simpad había advertido el peligro de adelantar obras urbanísticas en este sector, pero la constructora insistió en su afán de construir" y la consecuencia fue que hay 40 casas agrietadas y varias familias se tuvieron que ir, explicó el concejal. Su denuncia la apoya con fotos. Advirtió el inminente riesgo que hay para las familias del sector.

El concejal Bernardo Alejandro Guerra señaló que allí se hizo un lleno ilegal de cerca de 200 mil toneladas de tierra, y con él la constructora "pagó al municipio compensaciones urbanísticas de trece proyectos".

Es decir, la compensación resultó causando un perjuicio mayor para la comunidad.

Jorge Lopera, abogado asistente de Bohórquez, recordó que dichas compensaciones pueden hacerse en dinero o en obras o proyectos: "Pueden ser en proyectos viales. Si se hubieran pagado, tal vez en El Poblado no habría que cobrar valorización por algunos de esos proyectos".

Esto, considerando que la deuda pasa de $26.000 millones y hay proyectos del sector que tienen cuantías más bajas.

Los corporados recalcan, como lo consignaron en debate del 16 de octubre, que hay una normatividad laxa en cuanto a compensaciones.

Bohórquez menciona el caso de un parque que una constructora levantó en el sitio La Y, de El Poblado, en 2007, sobre el cual cayó un alud y lo destruyó, pero no tuvo reparación y no hay pólizas de seguro que garanticen su recuperación.

Aunque no culpan a la actual Administración, pues el cúmulo de falencias viene de tiempo atrás, los concejales exigen correctivos. Bohórquez recalca que los urbanizadores responsables compensan con proyectos viales, colegios, placas deportivas, amoblamientos urbanos y otros, mientras los "irresponsables buscan el quiebre a la ley", entregando suelos en zonas de riesgo, metrajes de suelo incompletos y hasta deudas económicas.

Al respecto, Jorge Pérez, director de Planeación, pidió tiempo y paciencia para aplicar mecanismos que permitan el desatraso en el cobro por obligaciones urbanísticas.

Ante los concejales, el funcionario admitió que la ciudad creció fundamentalmente sobre los bordes y laderas sin consultar los alcances del POT.